El Tribunal Administrativo del Cesar, a través de un auto emitido el 27 de febrero de 2025, ha solicitado a las autoridades competentes del Municipio de Aguachica y al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) presentar un informe sobre el cumplimiento de una sentencia emitida por el Consejo de Estado el 14 de marzo de 2024. Esta sentencia modifica parcialmente una decisión previa del tribunal sobre el funcionamiento de la Unidad Básica Sur del Cesar, ubicada en el municipio de Aguachica.
El incidente de desacato fue presentado por Frayd Segura Romero, quien acusa a las entidades demandadas de no haber cumplido con las órdenes impartidas por el Consejo de Estado. El magistrado José Antonio Aponte Olivella, encargado de la ponencia, ha dispuesto que tanto el alcalde de Aguachica como el director del INMLCF (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses) deben informar al tribunal dentro de los próximos dos días sobre si han ejecutado las modificaciones y medidas establecidas en la sentencia, especialmente respecto a la puesta en funcionamiento de la unidad médica forense en el sur del departamento del Cesar.
Entre las medidas ordenadas por el Consejo de Estado destaca la modificación de varios puntos clave de la sentencia del 19 de enero de 2023. Una de las principales directrices es la obligación del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de poner en funcionamiento, en un plazo de un año, la sede definitiva de la Unidad Básica Sur del Cesar para ofrecer servicios médicos forenses. Además, se establece una solución provisional de tres meses para garantizar la prestación de estos servicios mientras se completa la infraestructura.
En su fallo, también se dispuso la conformación de un Comité de Verificación para asegurar el cumplimiento de la sentencia, que estará integrado por varias autoridades, incluido el propio magistrado ponente. Este comité supervisará el cumplimiento de las disposiciones para asegurar la prestación eficiente de los servicios médicos legales en la región.
El tribunal ha dado un plazo breve para que los implicados informen sobre el estado de la implementación de las órdenes, y en caso de no haberse cumplido, deberán presentar las razones pertinentes para justificar la falta de acción. La decisión resalta la importancia de garantizar el derecho de los ciudadanos de Aguachica a acceder a un ambiente sano y servicios públicos que promuevan la salubridad, especialmente en lo relacionado con los servicios médicos forenses.
El Tribunal Administrativo del Cesar continuará con el seguimiento de este proceso en los próximos días, asegurando que las órdenes sean cumplidas de manera efectiva por las autoridades locales y nacionales.
A continuación, el abogado Frayd Segura, nos comenta como se está llevando a cabo este proceso.👇👇